A fines de los 70, con su alias “Jorge Contreras” se presentaba en la embajada de Estados Unidos como Jefe de un Grupo de Tareas. Allí sostenía que si se secuestraba una persona que demostraba no tener vínculos con la subversión también debería ser ejecutada porque “liberarla implicaba que pudieran reconocer a los interrogadores”. En 2008, una investigación del Archivo Nacional de la Memoria lo dejó al descubierto y pagó con seis años de prisión.
