La presidenta Dina Boluarte llegó hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para participar en la 78ª Asamblea General de la ONU, junto a 190 países, para debatir diferentes problemáticas que preocupan al mundo, tales como la crisis alimentaria, el cambio climático, la igualdad de género y la salud, entre otros temas, bajo el lema Restablecer la confianza y reactivar la solidaridad: Acelerar la acción sobre la Agenda 2023 en pro de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad universal.
En esa línea, la paz, la prosperidad y el progreso aún parecen ser metas lejanas de alcanzar para la mandataria. Pues, su Gobierno atraviesa, desde junio, su nivel más alto de desaprobación como respuesta a sus acciones. Pero ese no ha sido motivo para dejar de asistir al evento, donde la jefa de Estado destacó paradógicamente programas impulsados durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.
Winay Warmi, que significa “Crece Mujer” fue uno de ellos. Una estrategia multisectorial que promueve que las mujeres cuenten con mejores empleos y condiciones de trabajo. Sobre este plan, manejado desde el MTC, Boluarte aseguró que se le dará continuidad en favor de 620.000 mujeres, pero no especificó resultados concretos que evidencien sus avances.
Por el contrario, recalcó que está comprometida en “alcanzar mejores niveles de vida y de desarrollo sostenible”, priorizando a las poblaciones más vulnerables a fin de garantizar el cierre de brechas, la reactivación económica y la promoción de las inversiones.
Miembros de la ONU cortan intervención de Boluarte durante su discurso
(MIGUEL RODRIGUEZ/)
Por otro lado, el discurso de Boluarte fue cortado intempestivamente tras haber expuesto algunas de las medidas adoptadas por su Gobierno para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales incluyen proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para los ciudadanos.
Acerca de este tema, Boluarte señaló que se han desarrollado Escuelas del Bicentenario, las cuales buscan altos estándares de infraestructura educativa. Esto mientras que el Congreso de la República busca perpetrar más cambios que atentan contra la educación. El último tiene que ver con la propuesta legislativa presentada por el parlamentario, José Balcázar Zelada, misma que propone que el licenciamiento que entrega la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sea “de carácter permanente e indefinido”, y ya no cada seis años.
De otra parte, en aras de una educación inclusiva, la jefa de Estado anunció que se está mejorando el material educativo para la educación intercultural bilingüe en 16 lenguas originarias. Dentro de este grupo destacan shipibo-konibo, awajún, asháninka, quechua, aymara, entre otros.
Intensiones positivas sobre educación bilingüe y defensa del ambiente aún quedan al aire
No obstante, como se recuerda, durante su mandato, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a nueve organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas han expresado su rechazo más de una vez en torno a las acciones del Gobierno respecto a este tema, especialmente en diciembre del año pasado cuando el propio Ministerio de Educación emitió tres resoluciones viceministeriales que afectan a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
Pero, tras una fuerte presión por parte de las organizaciones indígenas, el Minedu decidió derogar ambas disposiciones, cuyo objetivo principal era anular el requisito de dominio de lengua originaria para las plazas en instituciones educativas reconocidas como EIB.
Por último, la presidenta aseguró que se ha adoptado un agenda “en favor del desarrollo sostenible, (…) incluyendo los aspectos sociales, medioambientales y económicos como prioridades comunes”. No obstante, en medio de su gestión, se ha buscado modificar, tanto desde el Legislativo como el Ejecutivo, propuestas que atentan contra la defensa del ambiente, como modificar la Ley Forestal en pro de las actividades extractivas y la deforestación continua de los bosques.
Y, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha planteado modificar hasta nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas con el fin de impulsar la industria del petróleo y gas natural.
